La Corte Constitucional le pidió al Gobierno Nacional que, a más tardar en un mes, adopte un plan de emergencia para garantizar la conformación de la Asamblea de Consejo Mayor Comunitario en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó), para continuar con el proceso de restitución de tierras. La sala evidenció problemas de identificación en el censo de afrocolombianos, debido a que su cualificación por factores culturales, religiosos y sociales se dificulta por la subjetividad de los criterios. El alto tribunal solicitó aplicar los mismos procedimientos e infraestructura utilizados por la administración en materia electoral y reforzar las medidas de seguridad que permitan la conformación del cuerpo directivo. La medidas que deben ser ejecutadas principalmente por el Ministerio del Interior incluyen el nombramiento de un inspector de policía ad hoc para los procesos de desalojo de los territorios colectivos de las comunidades afrodescendientes. La corporación solicita además la preparación de un plan de desalojo de los ocupantes de mala fe de los terrenos, así como la creación de planes y modelos de retorno de la población a corto y mediano plazo y la entrega periódica de informes de ejecución y diseño de los planes (M. P. Luis Ernesto Vargas Silva).