La Corte Constitucional declaró probado el incumplimiento de la Sentencia T-724 del 2003 y del Auto 268 del 2010, que ordenó la inclusión de las asociaciones de recicladores en la licitación 001 del 2010 de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), que definiría la recolección, administración y disposición final de las basuras en Bogotá. Por tal motivo, la Sala Tercera de Revisión dejó sin efectos dicho proceso licitatorio. Según el alto tribunal, los pliegos de condiciones no garantizaban la inclusión de la población recicladora de manera eficiente, pues no se definió equitativamente la participación accionaria de las asociaciones de recicladores de segundo nivel, lo que permitía la desigualdad de dicha población. Además, señaló que el esquema de repartición de utilidades no tiene equidad y que en los pliegos no se manejó adecuadamente la orden referente a las rutas de reciclaje. Ahora, deberá reformarse total y estructuralmente los pliegos, para lo cual la Procuraduría y la CRA fueron exhortadas a vigilar el nuevo proceso. El presidente de la Corte, Juan Calos Henao, aseguró que con la decisión no se afectará la prestación del servicio en la ciudad.