En sesión privada, la Corte Constitucional adelantó ayer la audiencia de seguimiento a la Sentencia T-1025 del 2007, mediante la cual se ordenó suministrar a las víctimas de la comunidad de paz de San José de Apartadó los nombres de los miembros de la fuerza pública involucrados en cerca de 42 hechos relacionados con homicidios, desapariciones, detenciones ilegales y allanamientos, entre otros, ocasionados a los pobladores de dicha comunidad. El alto tribunal convocó a los ministros del Interior, de Justicia y de Defensa, al comandante de la Brigada XVII, al Fiscal General de la Nación y al Defensor del Pueblo, así como a los representantes de la comunidad de paz o sus voceros debido a que no hay indicios sobre los avances para el cumplimiento del fallo judicial que permitiría resultados concretos en las investigaciones y procesos penales contra los responsables de las diversas violaciones a los derechos humanos (M. P. María Victoria Calle).