La Corte Constitucional asumió la labor de hacer seguimiento a la Sentencia T-547 del 2010, que ordenó a una entidad privada suspender las actividades de un proyecto que se adelanta en el departamento de La Guajira y le solicitó al Ministerio de Ambiente que adelante un proceso de consulta con las autoridades de las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta sobre la conveniencia del mismo. El alto tribunal citó para el 23 de marzo la primera audiencia pública con la entidad encargada de adelantar el proyecto del terminal marítimo de Puerto Brisas y con los líderes de comunidades indígenas de la zona para presentar su posición sobre la licencia correspondiente. Así mismo, participarán representantes del Ministerio de Ambiente, el gobernador del departamento de La Guajira y el alcalde del municipio de Dibulla, donde quedaría ubicado el puerto (M. P. Gabriel Eduardo Mendoza).