Hasta el momento no han sido adoptadas tarifas distintas a las que resultan de aplicar las resoluciones CRA 720 del 2015 y CRA 853 del 2018, en lo que se refiere al servicio público domiciliario de aseo en inmuebles desocupados, por lo que no es posible referirse a la aplicación de descuentos en este servicio. Así las cosas, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos, a menos que el Gobierno Nacional indique un aspecto diferente, en el marco de la emergencia sanitaria, las normas que integran el régimen de los servicios públicos domiciliarios continúan vigentes, de manera que las restricciones al derecho de circulación no suponen la omisión de los requisitos exigidos para la aplicación de los procedimientos legales, en particular para acreditar que un inmueble está desocupado. En este caso, es procedente verificar por parte de los usuarios los diferentes medios virtuales o no presenciales a través de los cuales el prestador facilita la presentación de peticiones, quejas y reclamos, en desarrollo del artículo 152 de la Ley 142 de 1994.