Para la Corte Constitucional, el convenio de Minamata, cuyo objeto es el de proteger la salud humana y el medioambiente de las emisiones y liberaciones antropógenas de mercurio y sus compuestos, guarda coherencia con la Constitución Política de 1991, entre otros preceptos, con el mandato de protección del derecho a la salud y a los deberes que tienen tanto los particulares como las autoridades públicas relacionados con la protección del medioambiente y los recursos naturales (M. P. Diana Fajardo Rivera).