Una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR) a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) determina tres hallazgos fiscales por $ 2.509 millones, preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del programa de reparación colectiva y una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones. Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó ocho hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional. En la auditoría realizada se estableció la inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1’140.145 pagos pendientes por realizar, a 31 de diciembre del 2018, que equivalen al 55 %, lo que significa un grave incumplimiento la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el artículo 7º del Auto 206 del 2017. De igual forma, se evidenciaron barreras de acceso para solicitar la indemnización. Otro incumplimiento evidente es el de las metas de reparación colectiva definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y del Plan de Acción de la UARIV.