La contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, solicitó la suspensión del alcalde de Cartagena, Campo Elías Terán, y de tres funcionarios de su alcaldía por el presunto detrimento patrimonial derivado de un contrato de aseo que se celebró con la firma Chemical Products, por un valor de $ 5.893 millones. Entre los hallazgos fiscales detectados se menciona que el contratista no efectuó a cabalidad los correspondientes aportes parafiscales y de seguridad social de sus empleados, falsificando, presuntamente, las planillas para conseguir los pagos por los servicios prestados.