La Contraloría General de la República le advirtió al Gobierno sobre los riesgos de fijar el monto de la unidad de pago por capitación (UPC) sin dar primero cumplimiento a la orden de la Corte Constitucional sobre la materia, contenida en el Auto 216 del 2012, que le ordenó al Ejecutivo elaborar una metodología apropiada para establecerla. A juicio del organismo, la fijación de la UPC debe estar respaldada técnicamente y fundada en costos reales, pues la falta de estos principios ocasionaría un detrimento en los recursos públicos destinados al sector salud. El ente de control fiscal explicó que la decisión obedece a la inconsistencia en la información que reportaron las EPS sobre frecuencia de uso y gasto médico, especialmente en lo referente a medicamentos; debilidades en los estudios técnicos para determinar el monto de la UPC y los errores en la actualización de la vigencia 2011.