Por medio de la Resolución 28 del pasado 9 de julio, la Contraloría de Bogotá actualizó el trámite del proceso administrativo sancionatorio fiscal, en armonía con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011) y el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 del 2011). De acuerdo con la norma, directamente o a solicitud de los administradores, se podrán imponer sanciones como amonestación o llamado de atención, multas y remoción o terminación del contrato. En cuanto a la multa, la entidad señaló que el salario base será el que certifique la dependencia competente de la entidad a la cual pertenece o perteneció el funcionario o la que aparezca en los registros de nómina. Si el funcionario no devenga salario, debe declararlo al momento de contestar el requerimiento.