Tensión en la Corte Constitucional por visas y “chuzadas”
13 de Mayo de 2019
Es difícil encontrar en la historia reciente del país un nivel de presión semejante sobre los magistrados de la Corte Constitucional. Varias situaciones amenazan la autonomía e independencia de esta corporación, en un momento clave para resolver importantes casos, relacionados con la ley estatutaria de la JEP y la extradición de nacionales y la fumigación con glifosato.
El primer hecho preocupante lo dio a conocer el magistrado Alejandro Linares, por una supuesta interceptación ilegal de sus llamadas telefónicas, lo que obligó a que la presidenta del alto tribunal, Gloria Ortiz, se pronunciara sobre este alarmante episodio. (Lea: Estrategia de defensa de Uribe le manda un mal mensaje a los abogados: Corte Suprema)
Ortiz informó que el Fiscal General le notificó de esas “chuzadas”, las cuales supuestamente se hicieron desde comienzos de este año por organizaciones criminales interesadas en los trámites de un expediente de tutela que actualmente se encuentran estudiando.
Por su parte, el magistrado Alberto Rojas recibió amenazas de muerte por medio de sufragios enviados a su casa, que estarían relacionados con su ponencia sobre el glifosato.
Paz y visado americano
Es bueno contextualizar que el Senado le devolvió al alto tribunal el proyecto de ley estatutaria de la JEP, para que defina si las seis objeciones del Gobierno proceden, ante el bloqueo en el Legislativo para decidir.
El pasado martes, el expediente proveniente del Congreso llegó a la Secretaría de la Corte, cuenta con más de 3 mil folios, y se confirmó que el ponente será el magistrado Antonio José Lizarazo.
En este ambiente enrarecido es que la Corte tomará decisiones importantes, no solo para el país, sino para EE UU.
Se ha generado un estado de tensión inédito y, precisamente, hoy se dio a conocer que el Gobierno Trump le habría cancelado la visa a dos magistrados de la Corte: Lizarazo (a quien ya se le habría restituido su documento) y su colega Diana Fajardo, supuestamente por sus posturas en casos claves para el proceso de paz.
Según fuentes consultadas, este organismo judicial recibirá información oficial por parte de la embajada americana el próximo lunes, con el fin de esclarecer estos asuntos administrativos. Eso sí, el alto tribunal confirmó que no retrasará la decisión de ningún caso por estos hechos.
Para escalar aún más la situación crítica, hace unos minutos, la Corte Suprema de Justicia confirmó que le fue cancelada la visa al presidente de la Sala Penal, Eyder Patiño, y, a su vez, rechazó “el sistemático ataque a la integridad del poder judicial, en particular contra algunos magistrados de altas cortes”.
El Consejo de Estado y la JEP, en sus redes sociales, se solidarizó y apoyó la tarea de sus homólogos, y pidió no tomar represalias por sus decisiones judiciales.
El @consejodeestado se solidariza con la autonomía e independencia de la @CConstitucional pic.twitter.com/cSzM2ve2nP
— Consejo de Estado (@consejodeestado) May 10, 2019
?|| La @JEP_Colombia se solidariza con la autonomía e independencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) May 10, 2019
▶️Leer comunicado: https://t.co/xnYX8LAd3j pic.twitter.com/m7AW6HACth
Es urgente aclarar todos estos escenarios, que presionan indebidamente a las más altas instancias de la justicia colombiana, para que se blinde y garantice su autonomía e independencia.
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