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Estrategia de defensa de Uribe le manda un mal mensaje a los abogados: Corte Suprema

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Estrategia de defensa de Uribe le manda un mal mensaje a los abogados: Corte Suprema

Sobre las críticas que ha recibido la Corte Suprema de Justicia por la supuesta interceptación del número telefónico del exsenador Álvaro Uribe dentro del proceso judicial que se sigue actualmente contra el representante Nilton Córdoba, por el denominado ‘cartel de la toga’, los presidentes tanto de la corporación como de la Sala Penal se refirieron a esta polémica en una entrevista reciente a Noticias Caracol.

 

En el inusual encuentro periodístico, los dos altos dignatarios de la justicia manifestaron su visión de lo que ha sido el caso que adelanta la Corte sobre el expresidente y senador Uribe, inclusive recordaron los tiempos en los que la Corte Suprema fue víctima de las conocidas “chuzadas” por parte de agentes del extinto DAS.

 

El magistrado José Luis Barceló manifestó: “hemos creído y lo seguimos creyendo, los jueces somos víctimas de todo un proceso mediático y de mentiras para poner en nuestras bocas afirmaciones o negaciones ajenas a la verdad, es decir, se nos quiere linchar públicamente”.

 

Respecto a dicha estrategia, aseveró que no se podrían hacer señalamientos ni decir nombres, pero “se volvió casi una metodología, la herramienta de muchas personas que siendo investigadas y procesadas por la justicia resultan defendiéndose sosteniendo que son perseguidas por la misma justicia, o que los jueces tienen intenciones políticas y que por eso se vuelve una persecución. Eso es absurdo, eso no es cierto, es inadmisible”.

 

El presidente de la Sala Penal, el magistrado Luis Antonio Hernández, agregó que existen oficinas de abogados que adelantan mediáticamente sus procesos, “tenemos conocimiento que al lado de los honorarios se cobra el manejo de medios de comunicación, por parte de algunas firmas de abogados y uno lo ve en las noticias, en el despliegue mediático que tienen ciertos procesos penales en la prensa”.

 

Y explicó que “no estoy culpando a la prensa, ni más faltaba. Tengo que hacer una diferencia entre la prensa que hace noticias y los opinadores de la prensa. Hay columnistas que sistemáticamente atacan la credibilidad de la Corte, cuando digo agenda me refiero a ese tipo de columnistas, quien se sienta aludido, pues hará sus reflexiones personales”. (Lea: Conozca a los nuevos magistrados de las salas especiales de la Corte Suprema)

 

Respecto al volumen de noticias que se ventilan y se dan a conocer por redes sociales, el mismo magistrado enfatizó que tiene un efecto si la prensa absorbe esa contaminación que generan esos nuevos medios. “De ahí que no hay un Twitter del expresidente Uribe que no tenga un eco, cualquier afirmación que haga el expresidente, y ha hecho bastantes asociadas al caso que estaba tramitando la Corte, tienen una repercusión y uno entiende con la complacencia de sus abogados defensores”.

 

Por su parte, Barceló reprochó que se hagan afirmaciones o se relaten hechos mentirosos, “cómo es posible, lo digo en primera persona, que yo ebrio o borracho salí a decir que íbamos a capturar al senador Uribe, falso de toda falsedad, eso no es cierto, o que se haya afirmado que el magistrado Barceló, junto con otras personas, recibimos cinco millones de dólares para poner preso al senador Uribe”.

 

Interceptación de llamadas

 

Respecto a que el número del celular del senador Uribe Vélez apareciera interceptado en un proceso judicial distinto, el presidente del máximo juez de la justicia ordinaria aclaró que cuando los investigadores del CTI recibieron la orden para monitorear las llamadas telefónicas del representante a la Cámara Nilton Córdoba resultaron ser del expresidente, por eso, tan pronto se enteró fueron canceladas.

 

Hernández dijo, a manera de hipótesis para explicar lo sucedido, que lo más posible es que se haya utilizado un oficio anterior, que eventualmente estaba referido al expresidente Uribe, para utilizarlo como plantilla para la citación de Nilton Córdoba, conservado ese teléfono y, por esa razón salió replicado en dos procesos. “Sin embargo, se le citó durante nueve meses y él nunca advirtió a la Corte sobre la equivocación de que ese no era su teléfono”.

 

Vale la pena decir que los dos togados concluyeron que la información que se obtuvo de aquella interceptación telefónica que iba, en principio, dirigida al representante Córdoba tiene un valor y que eventualmente se podría utilizar, pero que la competencia ahora la tendrán los magistrados de las salas especiales de Instrucción y Primera Instancia de la corporación.

 

“Ellos en su buen juicio, con base en los protocolos de la ley y las reglas y principios de la valoración probatoria determinarán si esas escuchas y los resultados de esas conversaciones trasladadas tienen o no algún valor probatorio”, dijo Barceló. (Lea: Choque entre salas Penal y Civil por transición de juzgamiento a aforados). 

 

Conclusiones

 

Finalmente, Hernández concluyó: “me parece que el proceso del expresidente Uribe lo politizaron a través de la estrategia de defensa y los medios de comunicación, que simplemente contribuyeron a que ese proceso terminara así (…) Esa estrategia compleja de defensa que se ha realizado me parece que manda un mal mensaje a los nuevos abogados, porque, considero, los procesos se discuten ante los jueces y no se juzgan en los medios de comunicación”.

 

Vale la pena decir que, hace unas horas, el relator especial de las Organización de las Naciones Unidas, Diego García Sayán, a través de una carta dirigida al canciller Carlos Holmes Trujillo, manifestó su preocupación por la forma como se están adelantando estos procesos.

 

“Quisiera expresar preocupación respecto a las alegaciones que indican que en el caso del señor Uribe Vélez se habría incurrido en vulneración al debido proceso, a la igualdad en el proceso penal, falta de imparcialidad, restricción del acceso a la doble instancia y quebrantamiento del principio de la igualdad ante los tribunales”, concluye la carta.

 

Lo cierto es que, por ahora, se le viene un gran reto a las salas especiales de Instrucción y Primera Instancia, la cuales tendrán que decir si todas las pruebas aportadas dentro de la investigación que se le sigue al exmandatario por una supuesta manipulación de testigos es suficiente para iniciar el proceso penal y ordenar, de este modo, la respectiva indagatoria. 

 

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