Tenemos que reforzar las medidas de protección para víctimas de violencia basada en género: Carolina Giraldo

El pasado 20 de julio, la representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Carolina Giraldo Botero, asumió la presidencia de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer (CLEM) del Congreso de la República. Giraldo ocupa su curul por el departamento de Risaralda, es historiadora, politóloga y defensora de derechos humanos.

En diálogo con ÁMBITO JURÍDICO, la congresista habló de su rol en la CLEM y su postura frente a cómo mejorar la garantía de los derechos de las mujeres en el país.

ÁMBITO JURÍDICO (A. J.): Cuéntenos los avances desde que asumió la presidencia de la CLEM el pasado 20 de julio.

Carolina Giraldo (C. G.): Como presidenta de la CLEM del Congreso de la República promovemos la participación política de las mujeres mediante la capacitación a candidatas en 2023 y el acompañamiento a mujeres electas, para, por ejemplo, incluir asuntos de género en planes de desarrollo locales. Además, hacemos seguimiento a las acciones y presupuesto del Gobierno Nacional. Me he reunido con la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, para acelerar las acciones de prevención, atención y denuncia de violencias contra las mujeres, ya que las cifras son alarmantes. Por ejemplo, el año pasado se presentaron 491 feminicidios y 14.454 delitos sexuales contra las mujeres. Recordemos que en el plan nacional de desarrollo se incluyeron unas acciones estratégicas para contrarrestar la violencia machista. (Lea: El enfoque de género hace falta en todo el ejercicio del Estado: Diana Marcela Gómez)

Adicionalmente, con el fin de retroalimentar la propuesta del Sistema Nacional de Cuidado, realizamos una visita de la prueba piloto en Bogotá.

También estamos trabajando para impulsar un cambio cultural dentro del Congreso. No solo tenemos a cargo el protocolo interno de violencias basadas en género, sino que impulsamos, en articulación con la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, la encuesta “Congresos Sensibles al Género”, con el fin de evaluar qué tan igualitario es el Congreso; y con la embajada de Suecia y la Universidad El Bosque inauguramos la exposición “Si los hombres hablaran”, para replantear los estereotipos culturales y abrir la conversación sobre nuevas masculinidades.

A. J.: En el Congreso se han presentado diversas iniciativas para garantizar los derechos de la mujer, como la licencia menstrual, la ampliación de la licencia de maternidad, la gratuidad de los productos de higiene menstrual, entre otras, sin embargo estas iniciativas no avanzan.

C. G.: Sin duda estamos en un trancón legislativo gigante en la Cámara y el Senado. La discusión y votación de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, por ejemplo, acaparó durante cuatro meses los tiempos legislativos. Eso hizo que muchos proyectos de ley, entre esos muchos de los que impulsamos desde la Comisión y que involucran los derechos de las mujeres, estén en ese trancón.

Ahora, sí que debo decir que las voces más retrógradas y que históricamente se han opuesto a legislar por los derechos de las mujeres, afortunadamente, hoy tienen menos eco. Hemos logrado con un trabajo de pedagogía y sensibilización, de la mano de organizaciones y colectivos de mujeres, elevar el nivel de la discusión legislativa y que los proyectos sean muy discutidos y construidos desde el debate profundo y argumentado.

También debo decir que algunas leyes sí han sido aprobadas, como la ley de violencia política hacia las mujeres, la de lactancia materna y este 3 de abril tendremos una plenaria exclusiva para debatir proyectos de ley dirigidos a las mujeres.

A. J.: Las cifras de feminicidios en el país son alarmantes y a pesar de la declaratoria de emergencia que se aprobó con el plan de desarrollo aún no se ven acciones significativas, ¿por qué no se ven cambios si el Gobierno ha dicho estar tomando medidas? 

C. G.: Tengo la misma preocupación. Con la senadora Angélica Lozano organizamos hace unas semanas una mesa de trabajo con todas las entidades del Gobierno encargadas del tema para revisar avances y plantear nuestras preocupaciones. También tuvimos hace poco una reunión de los congresistas de la Comisión con la vicepresidenta y ministra de la Igualdad, Francia Márquez, donde pudimos hablar con franqueza respecto a los avances, algunos muy lentos, de la reglamentación y puesta en marcha de las acciones relativas a la declaratoria de emergencia.

Con este tema ha habido avances muy interesantes y es el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género (SALVIA), una herramienta para atender las VBG a nivel nacional, a través de la línea 155. Esto será fundamental para arreglar las innumerables fallas que hoy presenta la ruta de atención a las mujeres.

El mensaje principal es que hay que meterle el acelerador al presupuesto para ejecutar muchas de las acertadas propuestas que se están pensando desde Minigualdad. Los feminicidios deben ser tomados como una emergencia, para actuar inmediatamente como si se tratara de un incendio, debemos apagarlos lo más pronto posible.

A. J.: La Fiscalía General de la Nación es otro órgano que parece ineficiente en el momento de ejercer justicia frente a casos de feminicidio, violencia doméstica y otras violencias basadas en género ¿qué se puede hacer desde el Congreso para contribuir a que estos niveles de impunidad en delitos contra las mujeres disminuyan?

C. G.: Tenemos que reforzar las medidas de protección para las víctimas de violencia basada en género, asegurando que tengan acceso a refugios seguros, asesoramiento legal y atención sicosocial con enfoque de género. También tenemos que desarrollar y respaldar políticas de prevención que aborden las causas fundamentales de las violencias, así como fortalecer la educación y la concienciación en la sociedad. Para ello me he reunido con la Comisión de Género de la Rama Judicial para hablar, por ejemplo, de la tipificación de los delitos relacionados con violencias basadas en género. Si el fiscal no tipifica bien, luego el juez no tiene cómo juzgar de forma acertada.

Estas medidas pueden contribuir a reducir los niveles de impunidad y mejorar la capacidad del sistema de justicia para abordar eficazmente los casos de violencia basada en género. Esto, por supuesto, atado al rol que tiene la Fiscalía.  Yo tengo la esperanza de que con una fiscal General mujer esta situación de violencias basadas en género y la impunidad judicial que las rodea cobre mayor relevancia. La voluntad que la nueva fiscal le ponga a esta problemática es la que nos va a permitir atacar esto de raíz. El rol de la Fiscalía en la atención e investigación de las violencias contra las mujeres debe ser protagónico. Espero que ellas compartan esta visión.

A. J.: La violencia digital de género se ha venido visibilizando y en el Congreso transita un proyecto que busca adoptar medidas para su prevención, protección, reparación y penalización, ¿cree que es urgente legislar sobre esta materia?

C. G.: Claro que es urgente, porque ha aumentado la incidencia de la violencia digital y su impacto negativo en la vida de las personas, principalmente las mujeres. Con este proyecto de ley se quiere asegurar una vida libre de violencias por razón de género en entornos digitales, dado que las cifras son muy alarmantes: el 60 % de las mujeres entre 18 y 40 años en el país aseguraron haber sido acosadas a través de herramientas digitales; de acuerdo con la Policía, en 2023 se recibieron 62 denuncias por casos de sextorsión, 325 por ciberacoso, 676 por injuria o calumnia a través de redes sociales y 972 denuncias por amenazas. Entonces, tenemos que sancionar a quienes perpetran este tipo de violencia, así como establecer mecanismos para prevenir y proteger a las víctimas.

A. J.: El año pasado se presentaron dos iniciativas que buscaban regular la gestación subrogada, ¿qué cree que debe suceder con este tema?

C. G.: Es un tema complejo y con muchas posiciones encontradas. La Corte Constitucional en varias providencias ha exhortado al Congreso a legislar sobre esta materia y así lo debemos hacer. Lo que nos corresponde como congresistas es abrir la discusión y escuchar a la ciudadanía, que todas las organizaciones, colectivos y grupos de mujeres se pronuncien y podamos abordar este tema de forma integral.

A. J.: Diversas propuestas normativas, como el incremento de la licencia de maternidad o la creación de una licencia menstrual reciben críticas porque supuestamente afectan la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿cuál es su posición?

C. G.: Con respecto a este tema, necesitamos que haya un cambio cultural, donde podamos atribuirle la importancia de implementar este tipo de licencias y dejarlas bien definidas. Para ello es necesario que haya espacios de diálogo donde podamos invitar también a los hombres a participar de estos cambios. Por ejemplo, para la licencia de maternidad, un tiempo más amplio podría beneficiar a las madres y al recién nacido en su proceso de lactancia y cuidado; pero también se podría hablar de periodos de licencia alternados; hablar de la licencia menstrual permite reconocer las necesidades de mujeres durante el ciclo menstrual. En este caso, el debate ha conllevado un saldo pedagógico interesante, así el proyecto no llegue a ser ley.

A. J.: Una de las formas alternativas de denunciar conductas de agresión contra las mujeres ha sido el escrache ¿cree que este mecanismo debe tener protección legal?

C. G.: El escrache puede empoderar a las víctimas al brindarles una plataforma para compartir sus experiencias y buscar apoyo de la comunidad. La misma Corte Constitucional se ha pronunciado al respecto dándole un soporte legal como camino para proteger y amparar derechos de las mujeres en determinados escenarios de denuncia.

A. J.: El Gobierno tramita sus tres grandes reformas en el Congreso (laboral, pensional y salud), ¿cree que estas iniciativas atacan las problemáticas que existen para las mujeres en estos tres ámbitos?

C. G.: Siendo de ideologías distintas, debo ponderar el rol que la ministra Gloria Inés Ramírez y su equipo han tenido para darle un enfoque de género a las reformas que ha liderado. Y esto surge de una premisa que comparto y defiendo y es que ninguna reforma social estructural, sea el sector que sea, puede hacerse sin un claro enfoque de género. En eso se ha acertado a nivel conceptual. Por supuesto, a nivel estructural yo sigo teniendo reparos con la reforma laboral, que aún no llega a plenaria de la Cámara y que sigo estudiando a profundidad.

En su momento manifesté mi voto negativo a la reforma a la salud por múltiples motivos: vicios de trámite, no sabemos su verdadero impacto fiscal, y porque terminó siendo una colcha de retazos que fue aprobada muy atropelladamente.

En cuanto a la reforma pensional, que hasta ahora va para segundo debate en Senado, tiene un claro enfoque de género porque pone en relieve la importancia del cuidado que muchas mujeres hacen y la reducción de semanas para cotizar a una pensión. Es una reforma que considero necesaria y que puede mejorarse aún más.

A. J.: Usted impulsa varios de los proyectos impulsados a garantizar los derechos de las mujeres, ¿puede hablarnos sobre ellos y sobre el momento en el que se encuentran en su trámite legislativo?

C. G.: Soy autora del proyecto de ley de protección huérfanos por feminicidio, el cual propone proteger integralmente a esta población vulnerable por la pérdida de su madre o cuidadora. Para nosotras es muy importante que el Estado no deje desamparados a esos niños que han sufrido una pérdida irreparable y que muchas veces quedan a cargo de sus tíos, abuelos u otros miembros de la familia. Ahora, en diferentes países de América Latina ya se han aprobado proyectos como este. Es urgente que Colombia se sume a la iniciativa. Este proyecto tendrá pronto su segundo debate.

También el proyecto de ley que prohíbe las mal llamadas “terapias de conversión” con personas LGBTIQ+ es un tema que tengo muy presente. El año pasado logramos que se aprobara este proyecto en primer debate y esperamos para este año que más congresistas se unan a esta iniciativa. De ser aprobado, seríamos el noveno país en el mundo en eliminar estas prácticas que pueden constituir tortura o tratos crueles. Y es que no hay nada que curar, lo único que necesita curarse en Colombia es la homofobia, el odio y la discriminación.

Adicionalmente, en el proyecto de ley 349/23, que propone la paridad política de las mujeres, aunque no logramos alcanzar un 50 % en las listas a corporaciones públicas, sí logré que en los casos donde hoy no se aplica la cuota del 30 %, es decir donde hay listas a corporaciones públicas con menos de cinco aspirantes, se garantice que al menos una candidata sea mujer.

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