El enfoque de género hace falta en todo el ejercicio del Estado: Diana Marcela Gómez

En septiembre del año pasado, Diana Marcela Gómez Correal asumió el cargo de viceministra de las Mujeres, cargo adscrito al Ministerio de Igualdad y Equidad. Es antropóloga y magíster en Historia de la Universidad Nacional y doctora en Antropología de la Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill (EE UU).

En diálogo con ÁMBITO JURÍDICO, la funcionaria habló sobre los proyectos que está trabajando, en temas como acceso a justicia, educación y reducción de brechas laborales.

ÁMBITO JURÍDICO (Á. J.): ¿Por qué un Viceministerio de las Mujeres y qué proyectos trabaja?

Diana Marcela Gómez Correal (D. M. G. C.): Las mujeres enfrentan graves afectaciones a su vida y a su dignidad, como las violencias contra las mujeres, restricciones a su participación política, barreras al acceso a la justicia, brechas laborales y de acceso a la salud y la educación. Además, siguen asumiendo la carga de doble y triple jornada de trabajo no remunerada.

En cuanto al reporte de homicidios de mujeres, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses registró 992 hechos para el año 2023. Al menos hubo un homicidio de mujeres en el 98 % del territorio colombiano. Además, cabe resaltar que en Colombia no se cuenta con un sistema de información que permita contar con datos oficiales de feminicidios, lo que constituye un eje de trabajo importante para el Viceministerio de las Mujeres. De acuerdo con cifras del Observatorio de Feminicidios Colombia, en el año 2023 se presentaron 525 casos y en lo corrido del 2024 se han presentado 64 feminicidios.

Frente a la participación política de las mujeres, con las elecciones territoriales del 2023 se pudo evidenciar que apenas el 13 % de las alcaldías municipales del país fueron asumidas por mujeres para la vigencia 2024 – 2027. De manera similar, apenas seis gobernaciones (del total de 32) fueron asumidas por mujeres para este mismo periodo. Además, respecto a la participación de mujeres en el Congreso de la República, se resalta que la proporción actual de mujeres parlamentarias es del 28,9 %.

En el caso de la Rama Ejecutiva, la proporción de mujeres en la dirección de carteras ministeriales es del 41,5 %, y en la Rama Judicial se evidencia que apenas se cumple la Ley de Cuotas respecto a la proporción de mujeres magistradas. En el Consejo de Estado, el 26 % de las magistraturas son asumidas por mujeres; en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y en la Corte Suprema de Justicia, el 29 %, respectivamente; en la Corte Constitucional, el 44 %, y en el Consejo Superior de la Judicatura, el 50 %

En el ámbito laboral, la brecha de la tasa de ocupación entre hombres y mujeres fue de 24,2 puntos porcentuales para el trimestre de octubre a diciembre del 2023; las mujeres tuvieron una tasa de ocupación del 46,3 % en comparación con los hombres (70,5 %), pese a que fue mayor el número de mujeres en edad de trabajar (52 %).

En cuanto a la ocupación informal, en centros poblados y rural disperso, la proporción de mujeres en la economía informal es del 85,7 %, lo que se traduce en una brecha de tres puntos porcentuales por encima de la proporción de hombres en esta misma situación. Cabe resaltar que todavía existe una baja participación de las mujeres en la titularidad de la propiedad rural, apenas un 36,3 % sobre los predios con un único propietario.

Por otra parte, pese a que se ha presentado una tendencia decreciente en la brecha salarial de género, para el año 2021 los hombres recibían un ingreso laboral mensual promedio de un 6,3 % más alto que los ingresos laborales mensuales que reciben las mujeres. Esto se acentúa con el hecho de que las mujeres destinan en promedio siete horas y 44 minutos en actividades de trabajo no remunerado, mientras que los hombres apenas destinan tres horas y seis minutos.

Finalmente, cabe resaltar las barreras que enfrentan las mujeres respecto al reconocimiento y acceso a derechos sexuales y reproductivos; las violencias obstétricas enfrentadas en los centros de salud y la prevalencia de casos de mortalidad materna que obedecen a causas obstétricas directas como complicaciones en el embarazo y/o tratamientos incorrectos durante el parto.

La persistencia de estas problemáticas se da incluso aunque se hayan logrado grandes avances en el reconocimiento de los derechos de las mujeres mediante instrumentos normativos nacionales e internacionales. Al respecto, el Estado colombiano ha ratificado alrededor de 10 tratados internacionales con el objetivo de avanzar en la erradicación de las brechas de género y garantizar una vida libre de violencias contra las mujeres.

Á. J.: ¿Le parece que los colombianos temen al feminismo?

D. M. G. C.: En Colombia, la percepción hacia el feminismo es diversa y compleja. Podemos identificar grosso modo las siguientes posturas. Una que reconoce los problemas de violencia, inseguridad, pobreza y corrupción en el país, pero no perciben o naturalizan la discriminación y las desigualdades de género, argumentando que no hay diferencias significativas en el trato entre hombres y mujeres en Colombia. Otra que es afín a las diversas luchas feministas y de las mujeres y que reconoce las realidades y necesidades específicas de las mujeres, sus aportes a la ampliación de la ciudadanía y la profundización de la democracia. Como parte de esta línea hay que destacar que el feminismo se ha instalado en muchos centros universitarios y ha permitido importantes avances en investigación y producción de conocimiento sobre las mujeres, sus situaciones y condiciones desde distintas áreas científicas.

Una tercera efectivamente le teme a los feminismos, porque las reivindicaciones de las mujeres afectan las posiciones de poder que los hombres ocupan; pero además porque hacemos parte de una sociedad conservadora que ha perpetuado los estereotipos de género y ha encasillado a las mujeres en ciertos roles, e incluso ha justificado las violencias. A esto ha contribuido la historia de conflicto armado interno, que ha reproducido creencias y prácticas de tramitación violenta de las diferencias y la no aceptación de la pluralidad y la desigualdad que nos constituye como nación, lo que termina por reproducir lógicas guerreristas que copan incluso el ámbito de las relaciones personales y familiares.  

A pesar de los desafíos, el movimiento feminista en Colombia ha logrado avances significativos, en particular en la adopción de instrumentos normativos que reconocen los derechos de las mujeres y en la estructuración de políticas públicas orientadas a la igualdad de género y el cierre de brechas. Las mujeres hoy tienes mayores niveles educativos, han ocupado cargos antes imposibles y han hecho parte sustantiva de los esfuerzos por construir paz en el país, de modo que cada vez hay mayor conciencia que no se puede tener un país democrático o en paz si no es incluyendo a más del 50 % de la población y garantizando el respeto de sus derechos.

Á.J.: ¿Existe una directriz de lenguaje inclusivo en el Gobierno Petro?

D.M.G.C.: En Colombia se han establecido disposiciones jurisprudenciales y recomendaciones para fomentar el uso de un lenguaje inclusivo y no sexista. El Gobierno Nacional no solo promueve el uso de este lenguaje, sino que también reconoce la necesidad de avanzar hacia una igualdad material y efectiva.

Un ejemplo de este compromiso es la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Además, la Directiva Presidencial 001 de 2023 promueve la creación de protocolos para la prevención del acoso sexual y laboral. Recientemente, el Ministerio de Trabajo presentó el Convenio 091, que reconoce las violencias contra las mujeres en el mundo laboral.

Este Gobierno está decidido a construir un país más justo para todos y todas. Su enfoque en la igualdad y la prevención de la discriminación es un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y equitativa.

Á. J.: ¿En materia de equidad de género, este Gobierno cumple la Ley de Cuotas?

D.M.G.C.: El Gobierno de Gustavo Petro ha tomado medidas para cumplir con la Ley de Cuotas en Colombia. La Ley 581 del 2000 establece que al menos el 30 % de los cargos del máximo nivel decisorio del Estado deben ser ocupados por mujeres, por lo que desde el inicio del Gobierno se designaron ministras. Con los cambios más recientes, actualmente 8 de 19 ministerios están a cargo de mujeres, lo que representa un 42 % de participación de las mujeres en estas carteras. Las ministras en este momento son:

Francia Elena Márquez Mina, ministra de Igualdad.

Susana Muhamad, ministra de Ambiente.

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura.

Gloria Inés Ramírez Ríos, ministra del Trabajo.

Aurora Vergara, ministra de Educación.

Marta Catalina Velasco Campuzano, ministra de Vivienda.

Luz Cristina López Trejos, ministra del Deporte.

Ángela Yesenia Olaya Requene, ministra de Ciencias.

Además del porcentaje, es relevante el hecho de que carteras que son muy importantes para la agenda del Gobierno del Cambio están en manos de las mujeres, lo cual constituye un mensaje importante en términos de que las mujeres pueden liderar los cambios que requiere el país. Cabe resaltar también que la terna enviada por el presidente a la Corte para la designación del nuevo fiscal fue integrada por completo por mujeres.

Á. J.: ¿Cree qué hace falta el enfoque de género en la aplicación de justicia?

D. M. G. C.: El enfoque de género hace falta en general en todo el ejercicio del Estado. Para el Viceministerio de las Mujeres es fundamental pasar de una aplicación mecánica y políticamente correcta del género a una transformadora y que impacte el quehacer del Estado.

En el ámbito de la justicia es fundamental aplicar criterios de debida diligencia que garanticen un recurso judicial efectivo para las mujeres. Las Cortes han establecido una amplia jurisprudencia, especialmente a través de fallos de acción de tutela, en los que se ordena a jueces y comisarios/as de familia capacitarse en perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres. Lo mismo se aplica a los fiscales. Urge que las investigaciones y las sanciones incluyan de manera decidida la perspectiva de género y el reconocimiento de las especificidades de las violencias y violaciones de derechos humanos que experimentan las mujeres.

A pesar de las órdenes de formación en la Escuela Rodrigo Lara Bonilla, persisten niveles de impunidad, revictimización y demoras en la sanción. Estos problemas evidencian enfoques familistas y sesgos y prejuicios dentro de la Rama Judicial, lo que genera barreras en el acceso a la justicia. Para el Viceministerio de las Mujeres es una prioridad revisar las pedagogías de los procesos de formación a funcionarios/as y la interiorización de los procesos de formación en su quehacer, con la intención de impactar la materialización de los derechos de las mujeres.

Á. J.: ¿Desde el Ministerio de la Igualdad se ha impulsado alguna política para disminuir los casos de feminicidio?

D. M. G. C.: El Gobierno del Cambio está comprometido con la materialización de los derechos de las mujeres, entre estos con el de una vida libre de violencias. Como ministerio nos preocupa la persistencia de los casos de feminicidios en Colombia. Frente a esta realidad nos hemos comprometido, por un lado, con la puesta en marcha de acciones concretas desde esta cartera con el programa bandera: Abordaje integral de las violencias contra las mujeres. Por el otro, con la articulación interinstitucional para que todo el Estado responda de manera armónica, efectiva y oportuna a la prevención, atención y sanción de los feminicidios. 

Como parte de la declaratoria de emergencia por violencias de género establecida en el artículo 344 del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio de Igualdad y Equidad ha puesto en marcha la Mesa de alto nivel de prevención del feminicidio y otras formas de violencia letal desde noviembre del 2023. La primera sesión tuvo lugar en Bogotá; la segunda en Cali, con motivo del feminicidio de Dayana González, y se celebró en diciembre del año pasado; la tercera se desarrolló de nuevo en esta ciudad, el 19 de febrero del presente año; la cuarta en Medellín, el 1º de marzo; y la quinta tendrá lugar en Cartagena el 8 de marzo, en el marco del Día Internacional de los Derechos de las Mujeres. En estas mesas el ministerio coordina el accionar del Estado y se anuncian acciones concretas para hacer frente a los feminicidios en los departamentos en los que ha sesionado.

Entre las acciones que se han presentado está el fortalecimiento o creación de casas refugio; la asistencia técnica para las medidas de atención (subsidio monetario, alojamiento, hospedaje); el fortalecimiento de las patrullas y los cuadrantes púrpuras; la puesta en marcha de una línea de género en el Fonsecon (Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), que permitirá el fortalecimiento de la institucionalidad encargada de la prevención y la atención y el diseño y virtualización de un proceso de formación para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres.

Es importante anotar que el feminicidio es una violencia que tiene su origen en desigualdades de larga data que han ubicado a las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad social, económica y política, y que han hecho que las mujeres deban enfrentar discriminaciones por pertenencia étnico–racial, edad, orientación sexual, estatus migratorio, clase social, entre otras. El feminicidio, como la existencia de otras violencias contra las mujeres, hace parte de un problema estructural que estamos como ministerio decididas a enfrentar.

Á. J.: Se está tratando de incluir en el ordenamiento jurídico colombiano el concepto de violencia vicaria, ¿el Gobierno respalda este proyecto de ley?

D. M. G. C.: Si. Estamos convencidas de que la violencia vicaria afecta de manera grave a la sociedad porque atenta contra la vida de niños, niñas y adolescentes, pero además porque busca causar un grave daño sicológico a las madres y a sus familias. Nos preocupa que se extiendan prácticas y creencias que estimulan y perpetúan formas de castigo crueles y peligrosas como quitarle la vida a los y las hijas para hacer daño a las madres. Esta violencia es inaceptable en cualquier sociedad y se deben tomar todas las medidas para detenerla. Esta forma de violencia se explica en el marco de relaciones de poder desiguales por razones de género y merece una atención especial para garantizar la seguridad y el bienestar de estas mujeres y sus hijos e hijas.

Á. J.: ¿El año pasado, el Ministerio de Justicia pidió regular la gestación subrogada, ¿cómo ve la propuesta que impulsa esta cartera?

D. M. G. C.: El Ministerio de Justicia no continuó con esta iniciativa. La propuesta del Ministerio de Justicia buscaba desestimular la práctica imponiendo grandes requisitos. Este es un debate crucial que no solo afecta a las mujeres, sino también el bienestar y la seguridad de la niñez. Como sociedad debemos abordar este debate.

 Á. J.: Diversas propuestas normativas, como el incremento de la licencia de maternidad o la creación de una licencia menstrual, reciben críticas porque supuestamente afectan la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿cuál es su posición?

D.M.G.C.: La maternidad es la garantía de reproducción de la vida humana, así que no es un asunto que solo afecta a las mujeres. Garantizar las condiciones de dignidad y seguridad para que la maternidad sea posible es una responsabilidad de toda la sociedad y esto incluye a los actores del mundo del trabajo. No podemos comprender la licencia de maternidad o paternidad como una garantía para un grupo de personas o familias, sino que lo es para que el conjunto del país y la sociedad garanticen su continuidad generacional. En ese sentido, más que un costo es una condición necesaria para la reproducción de la vida que debe darse tanto en el sector privado como en el público. Adicionalmente, deben entenderse las licencias como garantías de una vida digna. Debemos pasar de comprender la realidad principalmente bajo la lupa de la rentabilidad económica, para poner en el centro el bienestar de las mujeres y con esto de la sociedad en su conjunto. Las licencias son acciones que materializan derechos y entornos de cuidado y protección colectiva. Todo esto constituye un acto de justicia social.

Á. J.: Una de las formas alternativas de denunciar conductas de agresión contra las mujeres ha sido el escrache, ¿cree que este mecanismo debe tener protección legal?

D. M. G. C.: El escrache es una manifestación popular de protesta que se realiza frente al domicilio o en lugares públicos donde una persona debe concurrir. Aunque no es un derecho fundamental autónomo, se enmarca dentro del derecho a la libertad de expresión. Tanto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como la Corte Constitucional han abordado el escrache desde esta perspectiva.

En el ámbito laboral, la Sentencia SL3482-2021 de la CSJ establece que las manifestaciones, arengas y el escrache que se realizan contra personas acusadas de atentar contra las relaciones laborales gozan de protección reforzada. Incluso sugiere que el escrache prevalece frente a los intereses de terceros que puedan verse afectados por tales manifestaciones.

En el ámbito educativo, la Corte Constitucional (Sentencia T-061/22) ha amparado el derecho de los estudiantes a realizar plantones en contra de políticas y directivas de instituciones de educación superior.

Además, en el campo penal, la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional señala que las víctimas de un delito, especialmente las mujeres víctimas de violencias de género, no están obligadas a esperar a que se produzca un fallo condenatorio para informar públicamente sobre el hecho victimizante y su victimario. Las manifestaciones públicas de repudio son válidas, siempre bajo ciertos requisitos relacionados con su forma de enunciación (T-275/21).

La realidad del escrache nos invita como Estado a fortalecer el sistema judicial, a avanzar en la investigación y sanción de los delitos cometidos contra las mujeres y a adelantar procesos de cambio cultural que destierren la tolerancia a las violencias contra las mujeres.

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