El proyecto de reforma constitucional a la justicia es una lucha de las élites políticas que no tiene en cuenta los problemas de la justicia ordinaria. Esta es una de las principales conclusiones del foro Reforma a la justicia: razones para salvarla o hundirla, organizado por ÁMBITO JURÍDICO y la Universidad de Los Andes.
En el segundo panel, que buscaba explorar propuestas para salvar o hundir el proyecto de acto legislativo, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y el profesor de la Universidad de Los Andes Diego López Medina examinaron el proyecto y se mostraron en desacuerdo con sus objetivos.
El presidente del alto tribunal criticó la iniciativa y afirmó que “se va a hundir por su propia fuerza de gravedad negativa”. Por su parte, López recalcó que un aspecto fundamental para analizar es que los congresistas desconfían de la Corte Suprema de Justicia por las decisiones tomadas con en contra de algunos de sus miembros, incluidos expresidentes del Legislativo.
Al referirse a la propuesta de crear una sala de investigación y juzgamiento en la Corte Suprema, el catedrático advirtió que el Congreso busca una “recusación institucional” a la Sala Penal. Además, cuestionó que exista una segunda instancia de juzgamiento para congresistas, pues quienes los juzgan son los miembros más destacados y con más experiencia en el poder judicial.
López llamó la atención sobre un artículo que evitaría la detención preventiva de congresistas cuando son investigados penalmente y que solo permitiría privarlos de la libertad en casos de condena.
Por su parte, Gómez acogió el argumento de que la reforma está más interesada en regular aspectos del intercambio entre los poderes públicos e insistió en que es importante que haya “jueces independientes y autónomos que limiten los excesos del poder”.
Frente a la propuesta de entregar funciones jurisdiccionales a particulares, el presidente del Consejo de Estado pidió preguntarse qué ocurriría en este caso. Como ejemplo, se refirió a la decisión de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura sobre la investigación fiscal de altos funcionarios.
Finalmente, ambos panelistas coincidieron en que los problemas de la justicia no necesitan de una reforma constitucional.
Una oportunidad perdida
En desarrollo del primer panel del foro, el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, sostuvo que la reforma es una oportunidad perdida, en la medida que se alteró la formula inicial de la propuesta.
“No es una reforma a la justicia, sino al equilibrio de poderes”, afirmó, al referirse al juzgamiento de altos funcionarios del Estado.
Para el congresista, es fundamental que la justicia sea independiente del Ejecutivo, y para ello es necesario garantizar la existencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior, aunque considera que son necesarias ciertas reformas.
Acerca de la composición de las salas del Consejo Superior, el representante enfatizó que para que estén bien conformadas, es necesario que se le envíen buenas ternas al Congreso.
Gaviria apoyó el fallo del Consejo de Estado que le devolvió a la Contraloría la facultad para investigar a funcionarios con fuero constitucional. “El control fiscal lo debe hacer la Contralora y la reforma no está atentando contra la independencia de las cortes en ese sentido”, dijo.
Por su parte, Ricardo Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, enfocó sus argumentos en la necesidad de fortalecer a la Rama Judicial presupuestalmente.
Enfatizó que la autonomía y la independencia garantizan el avance de la administración de justicia, pero, para eso, es necesario un mejor presupuesto, pues “no podemos aspirar a una justicia de primera con un presupuesto de quinta”, aseguró.
El magistrado agregó que es preciso que la Sala Administrativa la integren abogados y no profesionales de otras áreas. “La especialidad técnica se garantiza con quienes han estado en contacto con la administración de justicia”, sostuvo.
Sobre las facultades que se entregarían a particulares para administrar justicia, el alto funcionario manifestó que no es cierto que exista un retraso de dos millones de procesos y dio una cifra en su lucha contra la congestión: “se han sacado 871.000 procesos en los últimos tres años”, aseguró.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, tuvieron que cancelar su participación en el foro, para atender compromisos deEl proyecto de reforma constitucional a la justicia es una lucha de las élites políticas que no tiene en cuenta los problemas de la justicia ordinaria. Esta es una de las principales conclusiones del foro Reforma a la justicia: razones para salvarla o hundirla, organizado por ÁMBITO JURÍDICO y la Universidad de Los Andes.
En el segundo panel, que buscaba explorar propuestas para salvar o hundir el proyecto de acto legislativo, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y el profesor de la Universidad de Los Andes Diego López Medina examinaron el proyecto y se mostraron en desacuerdo con sus objetivos.
El presidente del alto tribunal criticó la iniciativa y afirmó que “se va a hundir por su propia fuerza de gravedad negativa”. Por su parte, López recalcó que un aspecto fundamental para analizar es que los congresistas desconfían de la Corte Suprema de Justicia por las decisiones tomadas con en contra de algunos de sus miembros, incluidos expresidentes del Legislativo.
Al referirse a la propuesta de crear una sala de investigación y juzgamiento en la Corte Suprema, el catedrático advirtió que el Congreso busca una “recusación institucional” a la Sala Penal. Además, cuestionó que exista una segunda instancia de juzgamiento para congresistas, pues quienes los juzgan son los miembros más destacados y con más experiencia en el poder judicial.
López llamó la atención sobre un artículo que evitaría la detención preventiva de congresistas cuando son investigados penalmente y que solo permitiría privarlos de la libertad en casos de condena.
Por su parte, Gómez acogió el argumento de que la reforma está más interesada en regular aspectos del intercambio entre los poderes públicos e insistió en que es importante que haya “jueces independientes y autónomos que limiten los excesos del poder”.
Frente a la propuesta de entregar funciones jurisdiccionales a particulares, el presidente del Consejo de Estado pidió preguntarse qué ocurriría en este caso. Como ejemplo, se refirió a la decisión de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura sobre la investigación fiscal de altos funcionarios.
Finalmente, ambos panelistas coincidieron en que los problemas de la justicia no necesitan de una reforma constitucional.
Una oportunidad perdida
En desarrollo del primer panel del foro, el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, sostuvo que la reforma es una oportunidad perdida, en la medida que se alteró la formula inicial de la propuesta.
“No es una reforma a la justicia, sino al equilibrio de poderes”, afirmó, al referirse al juzgamiento de altos funcionarios del Estado.
Para el congresista, es fundamental que la justicia sea independiente del Ejecutivo, y para ello es necesario garantizar la existencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior, aunque considera que son necesarias ciertas reformas.
Acerca de la composición de las salas del Consejo Superior, el representante enfatizó que para que estén bien conformadas, es necesario que se le envíen buenas ternas al Congreso.
Gaviria apoyó el fallo del Consejo de Estado que le devolvió a la Contraloría la facultad para investigar a funcionarios con fuero constitucional. “El control fiscal lo debe hacer la Contralora y la reforma no está atentando contra la independencia de las cortes en ese sentido”, dijo.
Por su parte, Ricardo Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, enfocó sus argumentos en la necesidad de fortalecer a la Rama Judicial presupuestalmente.
Enfatizó que la autonomía y la independencia garantizan el avance de la administración de justicia, pero, para eso, es necesario un mejor presupuesto, pues “no podemos aspirar a una justicia de primera con un presupuesto de quinta”, aseguró.
El magistrado agregó que es preciso que la Sala Administrativa la integren abogados y no profesionales de otras áreas. “La especialidad técnica se garantiza con quienes han estado en contacto con la administración de justicia”, sostuvo.
Sobre las facultades que se entregarían a particulares para administrar justicia, el alto funcionario manifestó que no es cierto que exista un retraso de dos millones de procesos y dio una cifra en su lucha contra la congestión: “se han sacado 871.000 procesos en los últimos tres años”, aseguró.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, tuvieron que cancelar su participación en el foro, para atender compromisos de último momento.
último momento.El proyecto de reforma constitucional a la justicia es una lucha de las élites políticas que no tiene en cuenta los problemas de la justicia ordinaria. Esta es una de las principales conclusiones del foro Reforma a la justicia: razones para salvarla o hundirla, organizado por ÁMBITO JURÍDICO y la Universidad de Los Andes.
El proyecto de reforma constitucional a la justicia es una lucha de las élites políticas por la forma en que consideran se deben juzgar sus actuaciones y no tiene en cuenta los problemas de la justicia ordinaria. Esta es una de las principales conclusiones del foro Reforma a la justicia: razones para salvarla o hundirla, organizado por ÁMBITO JURÍDICO y la Universidad de Los Andes.
En el segundo panel, que buscaba explorar propuestas para salvar o hundir el proyecto de acto legislativo, el presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, y el profesor de la Universidad de Los Andes Diego López Medina examinaron el proyecto y se mostraron en desacuerdo con sus objetivos.
El presidente del alto tribunal criticó la iniciativa y afirmó que “se va a hundir por su propia fuerza de gravedad negativa”. Por su parte, López recalcó que un aspecto fundamental para analizar es que los congresistas desconfían de la Corte Suprema de Justicia por las decisiones tomadas con en contra de algunos de sus miembros, incluidos expresidentes del Legislativo.
Al referirse a la propuesta de crear una sala de investigación y juzgamiento en la Corte Suprema, el catedrático advirtió que el Congreso busca una “recusación institucional” a la Sala Penal. Además, cuestionó que exista una segunda instancia de juzgamiento para congresistas, pues quienes los juzgan son los miembros más destacados y con más experiencia en el poder judicial.
López llamó la atención sobre un artículo que evitaría la detención preventiva de congresistas cuando son investigados penalmente y que solo permitiría privarlos de la libertad en casos de condena.
Por su parte, Gómez acogió el argumento de que la reforma está más interesada en regular aspectos del intercambio entre los poderes públicos e insistió en que es importante que haya “jueces independientes y autónomos que limiten los excesos del poder”.
Frente a la propuesta de entregar funciones jurisdiccionales a particulares, el presidente del Consejo de Estado pidió preguntarse qué ocurriría en este caso. Como ejemplo, se refirió a la decisión de la sala de conjueces del Consejo Superior de la Judicatura sobre la investigación fiscal de altos funcionarios.
Finalmente, ambos panelistas coincidieron en que los problemas de la justicia no necesitan de una reforma constitucional.
Una oportunidad perdida
En desarrollo del primer panel del foro, el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, sostuvo que la reforma es una oportunidad perdida, en la medida que se alteró la formula inicial de la propuesta.
“No es una reforma a la justicia, sino al equilibrio de poderes”, afirmó, al referirse al juzgamiento de altos funcionarios del Estado.
Para el congresista, es fundamental que la justicia sea independiente del Ejecutivo, y para ello es necesario garantizar la existencia de la Sala Administrativa del Consejo Superior, aunque considera que son necesarias ciertas reformas.
Acerca de la composición de las salas del Consejo Superior, el representante enfatizó que para que estén bien conformadas, es necesario que se le envíen buenas ternas al Congreso.
Gaviria apoyó el fallo del Consejo de Estado que le devolvió a la Contraloría la facultad para investigar a funcionarios con fuero constitucional. “El control fiscal lo debe hacer la Contralora y la reforma no está atentando contra la independencia de las cortes en ese sentido”, dijo.
Por su parte, Ricardo Monroy, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, enfocó sus argumentos en la necesidad de fortalecer a la Rama Judicial presupuestalmente.
Enfatizó que la autonomía y la independencia garantizan el avance de la administración de justicia, pero, para eso, es necesario un mejor presupuesto, pues “no podemos aspirar a una justicia de primera con un presupuesto de quinta”, aseguró.
El magistrado agregó que es preciso que la Sala Administrativa la integren abogados y no profesionales de otras áreas. “La especialidad técnica se garantiza con quienes han estado en contacto con la administración de justicia”, sostuvo.
Sobre las facultades que se entregarían a particulares para administrar justicia, el alto funcionario manifestó que no es cierto que exista un retraso de dos millones de procesos y dio una cifra en su lucha contra la congestión: “se han sacado 871.000 procesos en los últimos tres años”, aseguró.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, y el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, tuvieron que cancelar su participación en el foro, para atender compromisos de último momento.
Avanza votación de reforma a la justicia en el Congreso
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