Reforma constitucional de sostenibilidad fiscal afrontará más de 50 demandas

Más de 50 demandas de inconstitucionalidad se han interpuesto en contra del Acto Legislativo 03 del 2011, por medio del cual se establece el principio de la sostenibilidad fiscal.

Esta norma, que modifica tres artículos de la Constitución, crea el incidente de impacto fiscal. A través de esa figura, el Procurador General de la Nación o uno de los ministros del Gobierno, una vez proferida la sentencia por cualquiera de las máximas corporaciones judiciales, podrá solicitar que se analicen las posibles consecuencias del fallo judicial sobre las finanzas públicas, con el fin de decidir si se modulan, se modifican o se difieren sus efectos, para evitar un grave impacto en la sostenibilidad fiscal.

Varias de las demandas fueron presentadas conjuntamente por un grupo de ciudadanos que alega vicios de procedimiento en la formación de la mencionada reforma constitucional.

El principal argumento expuesto es la posible violación del artículo 375 de la Constitución, que prevé el procedimiento para la aprobación de los actos legislativos. En su opinión, el mayor vicio ocurrió en el Senado, durante el quinto debate. Allí, se presentaron 18 congresistas, de los cuales nueve votaron a favor, ocho en contra y uno se negó a votar la iniciativa.

A juicio de los demandantes, la votación se debió anular, pues todos los congresistas están obligados a votar en uno u otro sentido, ya que el número de votos debe coincidir con el número de legisladores presentes en la discusión. Del mismo modo, se alega que el presidente de la comisión hizo caso omiso a las solicitudes de algunos congresistas que pidieron la repetición de la votación.

Así mismo, se sostiene que la disposición censurada sustituye la Carta Política, al imponer una limitación al goce de los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a la función pública de la administración de justicia, al ejercicio de las acciones públicas y particulares de los ciudadanos y a la autonomía de las entidades territoriales.

Además, argumentan que la norma establece una extralimitación de funciones del Procurador General de la Nación y de los ministros de Gobierno.

(Exp. 8690. Demandante: Humberto de Jesús Longas. Exp. 8713. Demandante: Pilar Torres López. Demandante: 8721. Demandante: Jaime Edward Ospina Guzmán. Exp. 8727. Demandante: Ernesto Rojas y Exp. 8734. Demandante: Luis de Jesús Viracacha F.)