La Corte Constitucional, a través de la Sentencia T-388 del 2009, les ordenó a los ministerios de la Protección Social y de Educación, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo implementar campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, asignándoles el seguimiento respectivo a los entes de control.

En ese fallo, la Corte indicó que las campañas debían ser masivas, constantes e insistentes; dirigirse a las mujeres en todo el país; contener información completa y clara e incluir lo dispuesto en la Sentencia C-355 del 2006, que despenalizó el aborto en caso de violación o inseminación no consentida, peligro para la vida de la madre o malformaciones del feto que hagan inviable su vida.

A pesar de ello, sólo los ministerios y la Defensoría emprendieron acciones al respecto. En cambio,  la Procuraduría no ha realizado ninguna actividad para cumplir con dicha instrucción, advirtió el alto tribunal.

Para la Corte, la falta de acatamiento de la orden por parte de la Procuraduría es una omisión inaceptable a la luz de la Constitución, pues, al no vigilar el cumplimiento de las decisiones judiciales, desprotegió los derechos humanos de las mujeres.

Por lo anterior, les solicitó a todas las entidades el suministro de información adicional sobre las campañas que adelantan y requirió al Ministerio Público para que cumpla inmediatamente con el mandato impuesto.

(C. Const., Auto 172/11, jul. 28/11, M.P. Humberto Sierra Porto)