Se considera de gran importancia que el Gobierno Nacional evalúe la posibilidad de otorgar un estatus especial a los migrantes venezolanos que les permita regularizar su permanencia en territorio colombiano o su tránsito hacia terceros países y, de esta forma, satisfacer sus derechos fundamentales a la salud, a la educación y al trabajo.

Así lo concluyó la Corte Constitucional luego de resaltar que es necesario que la Administración y las instituciones estatales, sobre todo en materia de salud, persistan en la obtención de recursos a nivel nacional e internacional. (Lea: ¿Guaidó o Maduro? Una lectura desde el Derecho Internacional)

Además explicó que si bien es claro el deber del Estado colombiano respecto a la adopción de mecanismos que permitan un adecuado, efectivo y oportuno manejo de la situación migratoria, sobre todo en materia de salud, lo cierto es que la crisis humanitaria por el éxodo masivo de venezolanos es un asunto que le incumbe también a la comunidad internacional y, por tanto, deben asumir sus respectivas responsabilidades.

En tal sentido, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha reconocido que en este tipo de sucesos la adopción de medidas por parte de la comunidad internacional hace que sea menos gravosa para los Estados la garantía de derechos como el de la salud a los migrantes. (Lea: La crisis de los migrantes venezolanos y la respuesta de la CIDH)

Con todo, aseguró que “son necesarias la asistencia y la cooperación internacionales para que los Estados que afrontan una afluencia súbita de refugiados y migrantes puedan cumplir sus obligaciones básicas” (M. P. Antonio José Lizarazo).

Corte Constitucional, Sentencia T-074, Feb. 25/19.