Un grupo de abogados y congresistas iniciaron, ante la Corte Constitucional, acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 2º de la Ley 1941 del 2018 (Ley de Orden Público), que faculta al Consejo Nacional de Seguridad a declarar como zonas estratégicas de intervención integral los territorios de las regiones que estén afectadas por la criminalidad. Según los demandantes, esa disposición vulnera, entre otros, el multiculturalismo, el reconocimiento a la diversidad cultural, el derecho a participar en el ejercicio del poder político y el deber de consulta previa, en tanto regula, a su juicio, una indebida intervención de las autoridades nacionales en los territorios locales, en lo que se refiere a la política criminal, protección y política social (demandantes: Iván Cepeda y otros).