Durante el inicio del quinto debate a la reforma a la justicia, se revivieron propuestas como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, lo que genero polémica entre congresistas y funcionarios del Ejecutivo.

Bajo el argumento de que el Consejo Superior de la Judicatura no ha sido buen administrador de los recursos que le entrega la nación, el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, insistió en la propuesta inicial del Gobierno de eliminar esa corporación.

“Lo importarte es darle recursos a la justicia y no al Consejo Superior de la Judicatura, que ha demostrado que no sabe administrar ni invertir como corresponde. El Gobierno hará los esfuerzos que sean necesarios y que esté en posibilidad de hacer para dotar de recursos a la justicia, pero nunca se trata de privatizar a la justicia”, señaló el ministro durante la discusión.

La reforma busca eliminar las salas Administrativa y Disciplinaria, al tiempo que pretende dar paso a otra institución que administre la Rama Judicial y, de paso, investigue a los magistrados involucrados en el llamado “carrusel de pensiones”.

El proyecto continuará su curso en quinto debate en la Comisión Primera de Senado.

La investigación de aforados

La ponencia para quinto debate de la reforma a la justicia establece que la Contraloría General de la República tendrá la facultad de ejercer control fiscal sobre los aforados constitucionales, excepto al Presidente, el Vicepresidente y los magistrados de la Corte Constitucional.

Respecto al juzgamiento de aforados constitucionales, se pide que la Corte Suprema de Justicia tenga una sala de investigación y calificación conformada por 10 miembros elegidos por la Corte Constitucional de ternas presentadas por el Presidente de la República.