Los Estados deben garantizar que los pueblos indígenas sean consultados sobre los temas susceptibles de afectarlos, teniendo en cuenta que esta consulta debe buscar acuerdos sobre las acciones administrativas o legislativas que tengan impacto en sus derechos.

Así los advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al expresar su preocupación por la situación de las comunidades indígenas mayas ubicadas en el Distrito de Toledo (Belice), quienes son los peticionarios del Caso No. 12.053.

El organismo regional agregó que el derecho a la consulta previa cobra especial vigencia en la realización de planes o proyectos de desarrollo e inversión y en la implementación de concesiones extractivas en territorios ancestrales, pues, al menoscabar los recursos naturales que allí se encuentran, se pueden afectar la supervivencia y la integridad cultural de los pueblos indígenas y sus miembros.

La participación efectiva de estos pueblos a través de sus propias instituciones y formas de organización es requerida antes de la aprobación e implementación de estos planes, proyectos o concesiones, ya que garantiza su supervivencia individual y colectiva, concluyó la CIDH.

Consulte aquí el Informe de Fondo del Caso 12.053

(CIDH, Comunicado No. 32, mayo 6/13)