El Consejo de Estado, en respuesta a una consulta elevada por la Contraloría General de la República, dijo que es viable contratar a una entidad particular para realizar el control fiscal de su fondo de bienestar social. Según la Sala de Consulta y Servicio Civil, el hecho de que los funcionarios del ente de fiscalización dependan jerárquica y funcionalmente del Contralor, quien a su vez participa de la administración del fondo, afecta su imparcialidad y objetividad y reduce la eficiencia económica de la fiscalización. Señaló además que con esta opción se maximizan las expectativas de recuperación de los recursos públicos en caso de hallarse actos contrarios a una gestión fiscal adecuada (C. P. William Zambrano Cetina).