El Consejo de Estado sostuvo que pese a que, por regla general, los funcionarios no pueden estar cobijados con convenciones colectivas, la administración no puede negarse a reconocer prerrogativas convencionales concedidas en esta sede a los trabajadores de las ESE. Con esos argumentos, la Sección Segunda concluyó que es posible que como consecuencia de la escisión del ISS los servidores que pasaron de trabajadores oficiales a ser empleados públicos conserven garantías de ese tipo. Al advertir que la convención colectiva suscrita entre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social y el ISS permaneció activa por tres años, contados a partir del 1º de noviembre del 2001 y hasta el 31 de octubre del 2004, la Sala determinó que los derechos laborales y prestacionales adquiridos en ese periodo deben ser reconocidos (C. P. Gustavo Gómez).