Existe una competencia entre el Congreso y el Presidente de la República para fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos de las entidades territoriales. Así las cosas, el Congreso otorga facultades al Ejecutivo para fijar las dotaciones y emolumentos de los servidores públicos con fundamento en las normas generales que establecen los criterios para el efecto. A su vez, lo alcaldes pueden fijar los emolumentos de sus empleos, con sujeción a la ley y a los acuerdos. Con estos argumentos, concluyó que la junta directiva y el gerente del extinto Instituto Metropolitano de Valorización de Medellín (Inval) debieron ordenar el reajuste salarial de sus empleados, de acuerdo con el límite máximo dispuesto por el Gobierno y en cumplimiento de la Ley 4ª de 1992 y condicionado a la disponibilidad presupuestal que dispuso un acuerdo del Concejo de Medellín (C.P. Alfonso Vargas Rincón).