El Consejo de Estado le pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría que investiguen la presunta complicidad de una delegada de esta última entidad en un despojo de tierras protagonizado por grupos paramilitares. Adicionalmente, solicitó indagar si la calificación de riesgo ordinario que sufrió la víctima, pese a ser amenazada, se dio, entre otras causas, por la gestión de esta procuradora. Aparentemente, la funcionaria es socia capitalista de una de las personas jurídicas que gozan del derecho de dominio del bien despojado. Además, la delegada del Ministerio Público tuvo parte en la valoración del riesgo del accionante, que, a juicio de la corporación, no reconoció la verdadera situación que afrontaba (C. P. Gustavo Gómez).