El Consejo de Estado resolvió dos demandas de nulidad electoral interpuestas en contra de la elección de un gobernador al considerar que este habría cometido hechos de corrupción en el marco de su campaña y que además habría incurrido en doble militancia al haber apoyado públicamente a un candidato a la alcaldía perteneciente a un partido distinto a aquellos que integraban la coalición en la que estaba inscrita su candidatura. La Sala denegó las pretensiones de ambas demandas. Frente al tema de la doble militancia, al analizar si hubo violación o no de la Ley 1475 de 2011, el alto tribunal señaló que “no encuentra la Sala contrario a los postulados de la doble militancia, que en el evento de coaliciones, cuando una agrupación política que tiene un candidato para una gobernación no inscriba aspirantes para las alcaldías del respectivo departamento, su candidato a la gobernación pueda apoyar no sólo a los aspirantes de los miembros de la coalición sino además a los candidatos inscritos por partidos o movimientos políticos que adhieran o apoyen su aspiración, tal y como ocurrió en el presente caso”. Frente a los hechos de corrupción la Corporación reiteró que para declarar nula una elección por esta causal “se requiere de una actividad probatoria importante y suficiente que demuestre la comisión o autorización de actos corruptos por parte del eventual demandado, dirigidos a obtener un beneficio en las urnas”. Sin embargo, en el análisis del caso concreto encontró que los medios de prueba allegados al proceso “resultan completamente descontextualizados y en manera alguna demuestran que el demandado haya incurrido en prácticas corruptas” (C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio).