El Consejo de Estado destacó que la tierra está íntimamente ligada a la existencia y supervivencia de las comunidades indígenas, desde el punto de vista religioso, social y político, al ordenar la suspensión de una orden de desalojo contra las comunidades Wayuú que habitan en la vía que de Riohacha (Guajira) conduce a Santa Marta (Magdalena). La Sección Segunda del alto tribunal precisó no puede haber lugar al proceso ejecutivo, ante la existencia de dos fallos judiciales que reconocen la legitimidad de la posesión de los aborígenes, tanto como la de quienes reclaman su salida de allí, pues si bien un juzgado de la capital guajira concedió la posesión a un tercero, en 2004, también la otorgó a los indígenas en 2010, luego no ha habido determinación de superior jerárquico que señale cuál de las dos providencias debe cumplirse. Aunque precisó que el litigio debe seguir su curso en los escenarios que la ley indica para resolver el asunto de fondo, la corporación le solicitó al juez encargado que tenga presente la jurisprudencia constitucional, que consagra la protección que la administración debe otorgar al acceso a la tierra de las comunidades ancestrales, dada su relación de codependencia con el territorio (C. P. Gustavo Gómez).