El Consejo de Estado defendió el principio de favorabilidad que debe cobijar a los notarios al anular una sanción emitida por la Superintendencia de Notariado y Registro, pues encontró que se había utilizado la normativa que menos favorecía al disciplinado. Con estos argumentos, declaró fuera del ordenamiento jurídico las resoluciones que decretaron la suspensión de un notario por no haber cancelado a su debido tiempo ciertas obligaciones relacionadas con cargas tributarias. La Sala sostuvo que en 1998, cuando se produjeron los hechos, “ya se encontraba vigente la Ley 200 de 1995, razón por la cual no había duda que el procedimiento disciplinario adelantado por la Superintendencia de Notariado y Registro debió ser el previsto en la citada norma y no en el Decreto 960 de 1970, toda vez que, como quedó visto, en precedencia dicha normatividad resultaba menos favorable al actor “ (C. P. Gerardo Arenas).