El Consejo de Estado, en reciente providencia que aclaró la sentencia de acción popular que ordenó medidas de recuperación del espacio público ocupado por ventas ambulantes en varios sectores de Bogotá, señaló que el término para que el Instituto para la Economía Social (IPES) elabore el registro único de vendedores informales es de nueve meses, contados a partir de la ejecutoria de la sentencia de acción popular del pasado 2 de febrero del 2012. En el fallo se daba a la Alcaldía Mayor de Bogotá un término de dos meses para elaborar el registro único y carnetizar a quienes hicieran parte de ese registro y, posteriormente, se le daban seis meses para que realizara el procedimiento que debía tener en cuenta el IPES para cumplir con la orden (C. P. María Claudia Rojas).