Fue sancionada la ley que adopta la figura de depuración normativa, a través de la derogatoria y la declaratoria de pérdida de vigor de normas obsoletas contrarias al régimen constitucional y afectadas con el fenómeno de la derogatoria tácita de un grupo de leyes y decretos que hoy no tienen aplicabilidad, identificados además como depurables por las oficinas y dependencias jurídicas de los sectores de la administración pública nacional. Según la nueva ley, por obsolescencia e incompatibilidad con el régimen constitucional vigente se eliminan 444 normas y por contravención se derogan 164. La derogatoria no afecta ni modifica las situaciones jurídicas concretas, ni los derechos adquiridos que se hayan consolidado durante cada uno de los periodos de vigencia individual, ni las decisiones judiciales ejecutoriadas que se hayan dictado con fundamento en dichos cuerpos normativos. Sin perjuicio de la actividad permanente de revisión y actualización del ordenamiento jurídico, el Ministerio de Justicia publicará en su página web, a más tardar el 20 de julio de cada año, el listado de las normas que se encuentren derogadas expresamente y/o que hayan sido declaradas inconstitucionales o nulas.