La Cámara de Representantes votará, en último debate, un proyecto de ley que busca sancionar con multas de entre 50 y 100 salarios mínimos a los colegios que retengan títulos académicos a estudiantes deudores que acrediten su incapacidad de pago. La norma, que reforma parcialmente la Ley General de Educación, establece una serie de requisitos a tener en cuenta para que las instituciones puedan precisar si la falta de pago obedece a una causa justificada.