La Sala Plena del Consejo de Estado precisó que no incurre en causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses el congresista que participa en el debate y votación de un proyecto de ley que pretende despenalizar los delitos de injuria y calumnia cuando, al mismo tiempo, se han presentado en su contra varias denuncias por esta clase de conductas y no ha sido llamado a indagatoria ni declarado persona ausente. El alto tribunal explicó que mientras no exista un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia vinculando formalmente al congresista a un proceso penal por los delitos referidos, la inviolabilidad de sus opiniones debe ser respetada como garantía democrática de un Estado social de derecho. Lo contrario, a su juicio, haría que el temor de verse expuesto a la simple denuncia le impidiera el ejercicio de la libre expresión de pensamiento (C. P. Oswaldo Giraldo).