La sanción fiscal por más de $ 740 millones que la Contraloría le impuso al exdirector de Comercio y Financiamiento del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, por la aprobación de 14 contratos que el Instituto Interamericano de Crédito Agropecuario (IICA) celebró con terceros, con miras a la ejecución de uno de los convenios del programa Agro Ingreso Seguro (AIS), fue confirmada por la Sección Primera del Consejo de Estado. La Corporación ratificó parcialmente el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y corroboró que el actor concurrió en la producción de un detrimento al erario, con su conducta gravemente culposa, establecida en el inciso 1º del artículo 5º de la Ley 1137 del 2007. Además, precisó que aunque la sanción fiscal se ajusta a derecho el actor debe ser absuelto de la condena que se le impuso para asumir los costos de este proceso judicial que se adelantó ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. También afirmó que al destinar los recursos que estaban presupuestados para el fortalecimiento de la asistencia técnica, el desarrollo y la transferencia de tecnología no se benefició el agro colombiano en materia de ciencia y tecnología, toda vez que el dinero recayó en manos de los terceros que contrataron con el IICA y no fue invertido en el sistema agropecuario para su tecnificación (C. P. Nubia Margoth Peña Garzón).