La Sección Tercera declaró la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por incurrir en error jurisdiccional. El Consejo de Estado encontró que el secuestre de un bien inmueble incumplió los deberes a su cargo porque no consignó a la cuenta de depósito judicial los dineros percibidos por concepto de arrendamiento, no solicitó autorización al funcionario judicial para usar dineros adquiridos en su labor de administrador, no presentó informes de su gestión y autorizó la realización de modificaciones al bien inmueble. Por otro lado, también reprochó el actuar del juez, pues no ejerció sus poderes para constreñir al secuestre a que cumpliera sus funciones, no hizo uso de poderes sancionatorios en contra de auxiliares de la justicia y tampoco lo removió de su cargo. Así, la Sección Tercera condenó a la entidad pública a reconocer (i) los cánones de arrendamiento dejados de percibir durante la vigencia de la medida cautelar, (ii) el valor de los materiales adquiridos para realizar reparaciones locativas al bien inmueble y (iii) el precio de las facturas no pagadas por el secuestre (M. P. Jaime Enrique Rodríguez).