La plenaria del Senado aprobó, en último debate y por unanimidad, el proyecto de ley que regula el funcionamiento de los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior, una iniciativa del Gobierno que lideró el Ministerio de Justicia. En primera instancia, la propuesta busca actualizar la regulación de dichos centros con el fin de mejorar las técnicas, estrategias, aptitudes y habilidades prácticas de los estudiantes de Derecho, con la idea de consolidar una mejor formación universitaria para una adecuada comprensión de la administración de justicia. Otro de los objetivos del proyecto es mejorar el acceso a la administración de justicia de la población más vulnerable, para que pueda contar con una adecuada representación y asistencia por parte de personas con conocimientos jurídicos. Además, pretende ampliar el número de personas beneficiadas con los servicios de los consultorios, dar voz a los ciudadanos y fortalecer el sistema de justicia a nivel territorial. Dentro de los cambios más significativos que establece el proyecto es la ampliación de los servicios hacia la conciliación en derecho y en equidad, la representación judicial y extrajudicial, las actuaciones administrativas y el litigio estratégico, y la prestación de servicios de mediación y de mecanismos de justicia restaurativa.