El Consejo de Estado compulsó copias a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría para investigar la probable complicidad de funcionarios de la administración de San Antero (Córdoba) en la apropiación irregular de cerca de $ 5.000 millones por parte de un contratista. La Sección Tercera alertó sobre el excedente que se registró en el pago por la liquidación del contrato en 2001. En 2010, el Tribunal Administrativo de Córdoba había condenado al municipio a reparar a la demandante con el pago de $ 2.580 millones, de los cuales solo adeudaba $ 28 millones. Tras la sentencia, la administración abonó $ 100 millones más y, pese a que ya se había registrado un saldo a su favor, continuó entregando recursos hasta acumular el excedente aludido (C. P. Mauricio Fajardo).