La Corte Suprema de Justicia señaló que la colocación de crucifijos en sitios públicos no significa un acto de adoctrinamiento y participación institucional en proselitismo religioso. La Sala Civil negó el amparo al derecho a la libertad religiosa y vulneración del principio de Estado laico, interpuesta contra el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, porque supuestamente favorece la fe católica por encima de otros credos. En otra sentencia, la misma Sala Civil declaró improcedente una tutela que buscaba el amparo del derecho a la libertad religiosa porque fue interpuesta por una persona que no pertenecía a la entidad (M. P. Pedro Octavio Munar Cadena y Jaime Arrubla Paucar).