El Consejo de Estado recordó que, de acuerdo con la Ley 142 de 1994, una de las principales obligaciones de las autoridades administrativas es asegurar el correcto manejo de las basuras y desechos, sin que se ponga en riesgo la salud humana ni se utilicen procedimientos y métodos que afecten al medio ambiente. Adicionalmente, indicó que el Código Sanitario (Ley 9 de 1979) reguló la disposición de residuos sólidos y determinó la función que tienen las administraciones locales de definir y adoptar los planes generales integrales de residuos sólidos, así como su responsabilidad por los perjuicios que puedan derivarse de una falla o un mal funcionamiento en el servicio. Con estos argumentos, el alto tribunal condenó al Distrito Capital y a la firma contratista Prosanta a indemnizar a varias familias que resultaron afectadas por un derrumbe en el relleno sanitario Doña Juana, en 1997. Finalmente, el tribunal advirtió que la alteración en las condiciones ambientales del entorno generan una afectación en los intereses o bienes jurídicos individuales y, aunque no generan un daño en la salud, afectan los derechos fundamentales a la intimidad, recreación y educación (M.P. Enrique Gil Botero).