Entre mayo y junio del presente año, meses previos a la aplicación de las restricciones a la contratación estatal y a la vinculación de personal con motivo de las elecciones del próximo 30 de octubre, cerca de 800 municipios y 28 departamentos contrataron más de $ 10 billones, de los cuales, $ 6 billones se hicieron a través de contratación directa, cifra equivalente al 80% de los procesos contractuales, reveló la Auditoría General de la República. El reporte evidencia el incremento de contratos de prestación de servicios y las contrataciones recurrentes con asociaciones, corporaciones, fundaciones, universidades y cooperativas, “que se disfrazan como administración de recursos confiriendo privilegios a organizaciones con quienes se celebran convenios interadministrativos, sin que dichas entidades tengan la experiencia e idoneidad reconocida”.