La Ley 2055 del 2020, que aprobó la Convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, adoptada en Washington, el 15 de junio del 2015, fue sancionada. Con este instrumento no solo se amplían estos derechos, sino que se establecen, entre otros, el reconocimiento de los derechos políticos como sujetos activos y determinantes en la democracia; el derecho al acceso preferente a la justicia para quienes a edades avanzadas están en condición de riesgo y la posibilidad de acudir a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) de forma directa como garantía de los derechos. Así mismo, la Convención fija mandatos en los estados que permiten una incidencia efectiva en los procesos de decisión y formula criterios para el desarrollo de política pública que beneficie a este sector de la población.