La disposición contenida en el artículo 5 del Decreto 491 del 2020, sobre ampliación de términos para atender las peticiones, según la cual, salvo norma especial, el término para dar respuesta a toda petición se amplía a 30 días, no aplica para las peticiones relacionadas con servicios públicos domiciliarios, pues existe regulación especial prevista en el artículo 158 de la Ley 142 de 1994. En todo caso, precisó la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, los prestadores podrán ampliar el término inicial de 15 días para responder las peticiones a los usuarios en los eventos en que, excepcionalmente, no sea posible resolverlas o se requiera la práctica de pruebas, siempre y cuando la ampliación esté debidamente justificada, so pena de la configuración del silencio administrativo positivo.