Frente al incidente de desacato interpuesto por la Procuraduría General de la Nación contra la Dirección Nacional de Estupefacientes en liquidación (DNE), en relación con el incumplimiento de la medida cautelar decretada por el Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrés en el caso de las embarcaciones Taru II y Taru III, el tribunal decidió imponer multa equivalente a 10 salarios mínimos mensuales en contra de la dirección. Se trata de dos embarcaciones que fueron incautadas por las autoridades antidrogas en el año 2008 y puestas a disposición de la DNE. A petición del Ministerio Público, el 25 de diciembre del mismo año los barcos fueron llevados al muelle departamental. Sin embargo, de acuerdo con la Procuraduría, después de 4 años las embarcaciones siguen en el muelle y el enorme deterioro que presentan las ha convertido en una amenaza ambiental y económica para la isla.