Realización de megaproyectos de infraestructura que afectan el ambiente deben garantizar la participación de las comunidades (11:30 a.m.)

Cuando se realizan grandes proyectos de infraestructura que conllevan una afectación al ambiente es necesario garantizar la participación de las comunidades involucradas, advirtió la Corte Constitucional. El alto tribunal precisó que, en estos casos, el derecho de participación no está condicionado a que se trate de comunidades afrodescendientes o indígenas, pues su fundamento está en la consagración del medio ambiente como bien jurídico constitucionalmente protegido. De esta forma, tuteló los derechos de un grupo de personas dedicadas a la pesca tradicional que resultó afectado con la construcción de un anillo vial que involucra las playas de Cartagena. La Corte resaltó la necesidad de proteger la actividad pesquera, en la medida en que vincula a personas que tienen un oficio que depende de los recursos naturales dispuestos a su alrededor, tanto como fuente de ingresos como garantía de su derecho a la alimentación. En este punto, integró el concepto de “soberanía alimentaria” al derecho a la alimentación del que gozan estas comunidades, lo que implica el respeto de la producción a pequeña escala de alimento y la diversidad de producción. También afirmó que el desarrollo sostenible debe tener en cuenta la sostenibilidad social y que el Estado debe proteger el “espacio vital” como una ubicación laboral en donde la comunidad pesquera ejerce su oficio tradicional. En el caso concreto, le llamó la atención a la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, para que en futuros proyectos que intervengan las áreas de pesca en las playas se garanticen los espacios de concertación entre el constructor y la comunidad, teniendo en cuenta que es una ciudad que actualmente desarrolla infraestructura vial y turística y, al mismo tiempo, en la que la población de más bajos recursos recurre al oficio de la pesca (M.P. Jorge Ignacio Pretelt).