La Procuraduría General reiteró que la facultad entregada al Presidente de la República para reasignar una función propia del Ministerio de Ambiente a las corporaciones autónomas regionales desconoce el marco de competencias de estas y la responsabilidad asumida por el Estado. Por tal razón, solicitó a la Corte Constitucional que declare inexequible el Decreto Ley 3565 del 2011, que modificó las competencias del ministerio y de dichas corporaciones.