Por actuación de la Procuraduría General de la Nación, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chocó decretó la medida provisional de suspender toda actividad de aprovechamiento forestal y de productos de flora silvestre en este departamento. El Ministerio Público había instaurado una acción popular contra la autoridad ambiental Codechocó y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al considerar que las entidades no venían acatando la normativa consagrada en el Decreto 1791 de 1996, especialmente en lo relacionado con la adopción y formulación del plan de ordenación forestal. Según la Procuraduría, la entidades en cuestión otorgaban concesiones de explotación maderera en sitios sin presencia de las especies maderables asignadas.