La Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que es posible declarar la responsabilidad estatal con base en la teoría del riesgo excepcional por el daño causado a quienes realizan labores de reciclaje. Según el fallo, esta actividad ejecutada directamente en los rellenos sanitarios es riesgosa, pese a que es un gran favor para la comunidad y el ente territorial encargado del aseo. En ese sentido, recordó fue prohibida por el Gobierno, debido a la magnitud del perjuicio a la salud de las personas y, por otro lado, a que la Corte Constitucional señaló que ellas son merecedoras de acciones afirmativas. Por tanto, declaró la responsabilidad del municipio de Popayán y le ordenó reparar a los familiares de dos recicladores que fueron afectados por la explosión de un artefacto en el relleno sanitario de la localidad. Los consejeros Enrique Gil, Stella Conto y Jaime Santofimio aclararon el voto, mientras que Carlos Alberto Zambrano lo salvó (C. P. Hernán Andrade).