De acuerdo con un reciente informe de la Personería de Bogotá, la Secretaría Distrital de Ambiente y las alcaldías locales no dan respuestas de fondo ni adelantan acciones de rigor para sancionar a los infractores de las normas ambientales, a pesar de que algunas quejas fueron presentadas desde el año 2005. Según el informe, dichas omisiones administrativas vulneran normas ambientales y compromisos internacionales válidamente adquiridos por Colombia, consistentes en garantizar la protección al derecho colectivo a un ambiente sano. A pesar de existir circunstancias probadas, hay casos en los que las autoridades ambientales se toman hasta cinco años en proferir las decisiones correspondientes, denunció la entidad.