La Sección Tercera del Consejo de Estado negó la indemnización, que según el Ministerio del Interior ascendía a $ 700 billones, solicitada por una familia que alegaba la pérdida de posesión efectiva y tenencia sobre varios fundos de aproximadamente 190.000 hectáreas, ubicados en Antioquia, causada por la demora del Incora (hoy Incoder) en el trámite de extinción de dominio agrario. Según el fallo, en el caso analizado se configuró la falla del servicio y la violación del debido proceso de los accionantes, debido al desconocimiento del plazo para adoptar dicha decisión. Sin embargo, esto no ocasionó la pérdida material de las tierras heredadas por ellos, es decir, no existió imputación fáctica, advirtió la corporación. Así, reconocer la indemnización por la sola vulneración a ese derecho modificaría la causa petendi de la demanda, añadió. Al respecto, destacó que la falla en el servicio no siempre genera responsabilidad estatal, pues debe probarse que el comportamiento irregular de la administración determinó la producción del daño antijurídico. Cabe resaltar que el Consejo afirmó que la pérdida de posesión material se produjo por la imposibilidad de terminar la sucesión del titular del derecho de dominio de los predios. La sentencia no impuso costas a los demandantes (C. P. Enrique Gil).