Gracias al decreto-ley antitrámites (Decreto 19/12), el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) podrá adjudicarle a la población desplazada predios baldíos sin exigirles el requisito de explotación del terreno. La norma anterior condicionaba la entrega a tal requisito y a tener una ocupación previa de cinco años. Ahora, el solicitante deberá estar registrado como desplazado en el Registro Único de Victimas y cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, no acumular ocupaciones y conservar las zonas ambientales protegidas.