La Procuraduría General de la Nación advirtió que las autoridades ambientales están incumpliendo las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especies de fauna y flora silvestres.

De acuerdo con el Ministerio Público, algunos funcionarios no realizaron  inventarios de fauna y flora en su jurisdicción ni estudios de revisión de las especies amenazadas según los “libros rojos”.

“Las especies de fauna amenazadas son 360 contra un número ínfimo de especies estudiadas, manejadas, protegidas y conservadas. Lo mismo ocurre con las especies de flora, que de las 670 amenazadas, solo 46 han sido propuestas para su manejo y conservación”, señaló la entidad.

Así mismo, indicó que los Centros de Atención y Valoración de siete corporaciones autónomas regionales se encuentran en áreas protegidas, propensas a inundación, deslizamientos o cercanas a explotaciones agropecuarias, avícolas o porcícolas, por lo que es necesaria su reubicación.

La Procuraduría remitió el informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, las corporaciones autónomas regionales y las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y distritales, para que se tomen las medidas correspondientes.